Sigue abierta herida del ‘granadazo

15 de septiembre de 2014.- Dudas sobre recursos públicos, incertidumbre, miedo y molestia de parte del gobierno que ve a las víctimas como una carga, es el saldo que dejan seis años de una tragedia en el estado de Mi-choacán, aquel 15 de septiembre de 2008. La placa conmemorativa lo dice: gris, pequeña, apenas visible y con una corta e impersonal inscripción: “Porque el espíritu del amor y la justicia, prevalecerá siempre sobre el odio y la violencia, en el corazón de los michoacanos. En memoria de las víctimas del atentado de septiembre del 2008”. Es todo. En la Plaza Melchor Ocampo de Morelia los transeúntes la pisan sin apenas darse cuenta; es difícil hallar la placa a simple vista. Los niños juegan sobre ella los domingos, los perros callejeros la orinan los 364 días del año, menos uno. La víspera del 15 de septiembre, como desde hace seis años, el departamento de limpia del ayuntamiento asea y remoza la placa para que dejarla presentable el día de “El Grito” por la mañana. A seis años de distancia, la vida continúa para las incuantificables víctimas —las autoridades calculan que son más de cien— que se convir-tieron en estadística para las autoridades del go-bierno, que hoy les escamotean la ayuda médica. Es el caso de Rocío García, quien hace dos me-ses revivió la pesadilla. A ella terminaron por cortarle la pierna derecha en junio pasado, la cual logró conservar durante los últimos casi seis años, gracias a que, dice, no se atendió en el Seguro Social donde esa noche fatal el criterio pragmático de los médicos era cortar los miembros de la gente que llegará afectada. Ella no se dejó, se resistió y abandonó el hospital con su pierna floreada por la granada, porque siendo una enfermera sabía que su pierna tenía remedio, y que con una buena cirugía había posibilidad de unir tendones, ligaduras, nervios, sin necesidad de amputar. Pero hace dos meses perdió la batalla, su ex-tremidad, su fortaleza y de paso la hipoteca de su casa que empeñó para poder mitigar los gastos de casi 10 operaciones. Del gobierno ha recibido migajas. No le qui-sieron pagar los gastos médicos porque se atendió en el hospital privado donde laboraba. El gobierno perredista en ese entonces evaluó que su caso no era como los de la gran mayoría, consideraron que Rocío podía solventar sus gastos sola. Gracias a la insistencia de su esposo recibe ahora cinco mil pesos que no alcanzan para pagar medicamentos, consultas, terapias y mantener a su familia. No es distinto el caso de la familia formada por José Ángel Bucio y Rita Alvarado. Ese día fueron al Grito. Nunca habían ido y quisieron salir de la rutina. El más pequeño de sus tres hijos, tenía apenas dos años. Ahora su consuelo es estar juntos y vivos pese a los dolores por las esquirlas de la granada que se incrustaron en el cuerpo de todos. El más pequeño no recuerda nada. Sabe la tragedia familiar por lo que cuentan sus herma-nos, ahora de ocho, 10 y 17 años de edad. Pero también sabe que ocurrió por los dolores de las plantas de sus pies y sus glúteos, en donde se alojan los pedazos de fierro. “Pienso en qué hubiera pasado si por un mo-mento se nos hubiera ocurrido ir a otro lado, no quedarnos en ese lugar. O mejor aún, no haber ido nunca a ese Grito”, reflexiona con los ojos húmedos Rita, de 44 años, y madre en esa familia. Su esposo, Ángel, llevaba en estos seis años, seis cirugías en el fémur izquierdo que sostiene con cuatro tornillos, una placa y una plantilla que tiene que usar de por vida. “Hoy sueño con que me aumenten la pensión de mil 770 pesos que me dan cada quincena. ¿Quién mantiene a una familia como la nuestra con ese dinero?”, dice. El gobierno del perredista Leonel Godoy Ran-gel, sabía de las amenazas de septiembre del 2006 y desestimó el hecho. No quiso alterar los festejos de ese día.  y sólo con sus funcionarios allegados comentó la preocupación que sentía. Nadie esperaba que se cumpliera la amenaza de ese día. Nunca se había manifestado con tal contundencia el enemigo. Pasado el primer trago amargo del granadazo, Godoy creó por decreto apoyos económicos y pensiones vitalicias para los afectados. En los primeros momentos, el congreso del estado creo una Comisión legislativa para atender los casos más graves, pero con el paso del tiempo los apoyos se cerraron y se redujeron a casi nada. Encima de todo, el cambio de gobierno del 2012 dejó sin efecto la Comisión del Congreso que evaluaba desde una perspectiva burocrática. Hoy no existe la comisión y ni un diputado atiende a las víctimas que demandan más y mejores apoyos para solventar su drama, que aún pervive.