Diputados aprueban en lo general nueva Ley contra Extorsión

Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

El nuevo ordenamiento, que también reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes, tiene como objetivo establecer un marco uniforme en todo el país para combatir la extorsión, fortalecer la coordinación entre autoridades y endurecer las sanciones contra quienes cometan este delito.

La ley deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de once propuestas impulsadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT. Con su aprobación, el Congreso da cumplimiento al mandato constitucional que le otorgó facultades para expedir una ley general en materia de extorsión.

Delito que se perseguirá de oficio

El dictamen establece que los delitos de extorsión y sus vinculados se investigarán y perseguirán de oficio, y que la Federación podrá atraer los casos en los que se determine su competencia por razones de gravedad, relevancia social o vínculo con la delincuencia organizada.

La pena base será de seis a quince años de prisión y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar un daño.

Agravantes y sanciones más severas

La ley contempla tres niveles de agravantes que aumentan las penas cuando el delito se comete, por ejemplo, contra comerciantes, empresarios, migrantes, menores de edad, adultos mayores o mujeres embarazadas; cuando se usa información privada, medios electrónicos o violencia física o psicológica; o cuando se busca limitar la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos.

También se impondrán sanciones a quienes faciliten o colaboren en la comisión del delito, y a quienes introduzcan dispositivos electrónicos a centros penitenciarios para permitir la comunicación con extorsionadores.

Protección a las víctimas y denuncia anónima

La nueva legislación protege la identidad de las víctimas y permite presentar denuncias anónimas a través del número 089. Durante los procesos judiciales, se podrán emplear mecanismos de disociación de identidad y comparecencias a distancia para evitar contacto con los agresores.

En materia penitenciaria, las personas sentenciadas por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de penas, salvo por colaboración eficaz con la justicia. Además, los centros penitenciarios deberán implementar tecnologías que inhiban las comunicaciones telefónicas o electrónicas desde su interior.

Centro de Atención a Denuncias

La ley prevé la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encargará de recibir, canalizar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas.

Armonización y plazos

El decreto establece que las legislaturas estatales tendrán 180 días para armonizar sus leyes con la nueva normativa. Los centros penitenciarios contarán con el mismo plazo para instalar las tecnologías de inhibición de señales, y el nuevo Centro de Atención deberá iniciar operaciones en un máximo de 180 días hábiles.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que diversos artículos fueron reservados para discusión en lo particular, tanto de la Ley General como de los ordenamientos reformados, para su análisis y votación en una siguiente sesión.