Operativo 'Mochila Segura', entre la protección y la criminalización infantil

Este viernes durante la mañana un alumno de la primaria Colegio Cervantes abrió fuego, matando a su profesora e hiriendo a otro profesor y cinco menores más para después quitarse la vida, un suceso que conmocionó al país y abrió el debate respecto a las maneras de prevenir este tipo de situaciones.

Una de las medidas más mencionadas es el operativo ‘Mochila Segura’, adoptado por la Secretaría de Educación Pública desde el 2001 para combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares que ha causado cierto escepticismo acerca de su eficacia y en algunos casos el rechazo de los padres ante esta estrategia por considerar que se viola la privacidad de los menores.

En el reciente caso de Torreón, trascendió la información que los padres de familia de dicha institución educativa habían negado la implementación de este operativo y manifestaron su inconformidad respecto a éste, sin embargo, no es la primera vez que esto sucede.

En enero de 2017 se presentó un caso similar en Monterrey, Nuevo León, donde un joven de 16 años abrió fuego en su salón de clases en el Colegio Americano disparando a su profesora y a sus compañeros. Tras estos hechos, el gobernador de dicho estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció la implementación del operativo ‘Mochila Segura’, por lo que enfrentó resistencia por parte de los padres de familia.

Y es que esta inconformidad no se encuentra tan lejos de la realidad, pues el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la SEP por dicho operativo en la Ciudad de México, ya que consideró que había violentado “los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica”.

La CNDH calificó al operativo como una política criminalizante contra la niñez mexicana, afirmando que las autoridades escolares y educativas que lo aplicaron trasgredieron los derechos de los menores. Además, solicitó que cualquier medida dirigida a proveer seguridad en las aulas sea realizada con un enfoque de derechos humanos.

Y es aquí donde nos encontramos en una encrucijada, pues, aunque se esté a favor o en contra de medidas como estas, su importancia radica en prevenir este tipo de situaciones, como menciona la especialista en derechos de la infancia, Margarita Griesbach, “se deben atender las causas de los delitos, pues no se trata de evitar que exista la violencia y las armas en las escuelas, sino de construir un entorno no violento. Se debe saber qué pasa con los jóvenes y no solo controlar y limitar los efectos que puede tener la violencia”.

Por esta razón la CNDH busca alcanzar un punto de equilibrio óptimo en donde este tipo de medidas no sean aplicadas para la seguridad sino para la protección y prevención, bajo un enfoque de derechos humanos que tenga como prioridad en el interés superior de la niñez.

Por último, en su recomendación, el organismo solicita al secretario de Educación Pública “conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados de ‘El Operativo’, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional”.