Por corrupción en sector cárnico, Brasil teme que haya impacto en exportaciones

Brasil admitió hoy que teme un impacto en sus multimillonarias exportaciones de carne, que vende a 150 países, como consecuencia de la revelación de una trama corrupta de inspectores sanitarios.

La corrupción habría permitido que grandes empresas del país vendieran carne en mal estado e incluso usaran sustancias cancerígenas para ocultarlo al consumidor.

La policía federal brasileña lanzó este viernes una gran operación para desmantelar una red de inspectores del Ministerio de Agricultura que habría aceptado sobornos para conceder certificaciones a productos deficientes. 

La Operación Carne Fraca (carne débil, en portugués) provocó un sismo en el influyente sector agropecuario brasileño. En ella participaron mil 100 agentes con acciones en siete estados del sur y sureste del país.

En tanto, las acciones de las compañías supuestamente involucrados —las gigantes BRF y JBS, mayor productor mundial de carne— se hundieron en la bolsa de Sao Paulo, con pérdidas del 7.7 y 11.1 por ciento, respectivamente. 

“Está en juego la imagen internacional de Brasil, no solo la reputación de las empresas, sino la del país como suministrador. Es un tremendo puñetazo”, admitió el ministro de Agricultura, Blairo Maggi.

El secretario ejecutivo de dicho ministerio, Eumar Novaki, dijo que Brasil teme un impacto en sus ventas exteriores. 

En 2016 ascendieron a cinco mil 300 millones de dólares de carne bovina y seis mil 800 millones de carne de pollo, según la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA, en sus siglas en portugués).

“Nos preocupa, claro, hasta porque somos grandes jugadores internacionales, porque somos muy competitivos. Pero el sistema de control es robusto y transparente”, declaró.

Novaki enfatizó que “fueron apenas 33 de dos mil 300 funcionarios” los involucrados en la trama, pero al mismo tiempo instó a la población brasileña a revisar los productos de carne que adquieren en sus supermercados.

El ministro Maggi, uno de los grandes productores de soja del país, canceló un periodo de descanso que tenía previsto y la semana próxima se reunirá con embajadores de países de la Unión Europea para tratar de convencerles que no hay peligro en la carne brasileña.

“La carne brasileña está en casi 150 países. Eso demuestra la calidad de los productos. Cada uno de esos países tiene sus sistemas de vigilancia. Así que, además de nuestro control, está el de esos países cuando la importan”, explicó Novaki.

Hasta la fecha son tres fábricas procesadoras (una de carne de pollo, otra de embutidos y una de procesamiento de carne bovina) las que fueron prohibidas por haber reetiquetado productos caducos, o incluso por usar ácidos y sustancias cancerígenas para “maquillar” el mal estado de los productos.

Las investigaciones demostraron que los productos adulterados son carne de pollo, mortadela y salchicha, mientras están bajo sospecha la carne bovina y raciones de comida para mascotas.

Las investigaciones policiales comenzaron dos años atrás, cuando un inspector del ministerio alertó a las autoridades que había funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados en la trama corrupta. 

Las empresas productoras y exportadoras de carne, que también son grandes donantes en las campañas políticas y durante años recibieron cuantiosos créditos estatales subvencionados para expandirse internacionalmente, tenían una gran influencia en el Ministerio de Agrícultura.

Dichas compañías escogían a los inspectores que realizarían la supervisión de las condiciones fitosanitarias en las fábricas procesadoras, según la investigación. 

A cambio, funcionarios de las empresas cárnicas pagaban sobornos a los inspectores, algunos de los cuales tenían autos de lujo, propiedades inmobiliarias e incluso restaurantes de comida rápida financiados con los sobornos, de acuerdo con informes de la Policía Federal.

Las investigaciones, dirigidas desde Curitiba, ciudad al sur de Brasil que es también el epicentro de la Operación Lava Jato contra la corrupción política vinculada a Petrobras, también apuntan a beneficios a partidos políticos, aunque por el momento no está claro cuál es el rol de éstos en la trama.

 

Una parte de las propinas pagadas por las empresas a los inspectores iban para dos formaciones: al Partido Progresista (PP) y al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer. 

En las investigaciones apareció el nombre del actual ministro de Justicia de Brasil, Osmar Serraglio, un gran defensor de los productores agropecuarios del sur del país, pero de momento no se presentaron cargos contra él ni está siendo investigado.