Protestan españoles por la liberación de 'la Manada'

Cinco españoles condenados a nueve años de prisión por abusar de una joven durante los sanfermines de 2016,  fueron liberados este viernes después de pagar una fianza de 6 mil euros cada uno.

 Los jóvenes acusados que pasaron los últimos dos años en una cárcel preventiva, salieron rodeados de una gran expectación mediática, mientras la Fiscalía y varias acusaciones particulares anunciaron que preparan recursos contra su libertad provisional y el Gobierno español estudia personarse en defensa de las víctimas de abusos.

 Desde que se supo la noticia, miles de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en toda España para protestar por la decisión judicial, resurgiendo las manifestaciones del pasado 26 de abril cuando se hizo pública la sentencia que los condenaba por abuso y no por violación.

 Durante las protestas se escuchaban gritos de apoyos cómo: "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos" o "Basta ya con la justicia patriarcal", convertidas ya en un referente en la lucha contra la violencia machista en España, y se mostraron pancartas con lemas como: "Nos han declarado la guerra. Que la calle sea la cárcel".

La indignación popular se trasladó también a la clase política española, cuyos principales representantes coincidieron en reclamar una mayor formación judicial sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.

A través de su portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno socialista español se hizo eco de la alarma social generada por la puesta en libertad de los cinco condenados y de la preocupación de las mujeres, a las que, dijo, "va a proteger".

Los jueces creen que ya no existen los motivos que en su día llevaron a mantenerlos en prisión, como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva.

A partir de ahora, los cinco miembros de 'la Manada' deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.

Según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido ir a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio español sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.