Retrasan presentación de reformas al sistema de justicia penal

El senador Ricardo Monreal aplazó hasta el día primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México con iniciativas de reforma constitucional a 14 artículos en materia de detenciones (5, 16, 18, 19, 20 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102,116 y 122), trabajo penitenciario, justicia adolescente, coordinación entre procuradurías, nuevas facultades a la FGR, organización penitenciaria, entre otras materias, luego de que este martes fueran filtrados nueve supuestos borradores.

“Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”.

Adelantó que, como se ha resultado en otros procesos el Senado realizará foros ciudadanos a fin de consensuar con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil las reformas constitucionales que modificarían la Constitución Política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Penal Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales y la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica.

Entre las medidas que fueron filtradas y que no fueron corroboradas, destacan modificaciones que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones.

Además, el ampliar la figura del arraigo para todos los delitos a un plazo de 40 a 80 días sólo en investigaciones de delincuencia organizada, delitos por hechos de corrupción o aquellos delitos en los que se considere requieren una cantidad significativa de actos de investigación, una modificación al artículo 16 de la Constitución.

Otro párrafo a cambiar de este artículo, establece que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral.

Para el artículo 19, se eliminaría el auto de vinculación que establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso”.

En lugar de esto, se plantea que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se cite a audiencia inicial y se determine de inmediato si el imputado será o no sometido a una medida cautelar.

De acuerdo al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en el mes de junio se reunió con integrantes del senado en donde trató la “crisis de seguridad que había en el país”, y prometió “ir generando un proyecto que realmente generara una respuesta global a un problema que tiene la misma dimensión”.

“Se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución que contenga y que no deje que siga creciendo”.

Gertz Manero junto con y el jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, reconocieron que el combate a la delincuencia ha fallado y México enfrenta un problema de violencia “que no hemos podido arreglar” con un 99 por ciento de impunidad.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, comentó que se requiere un sistema de justicia que atienda a plenitud la necesidad de justicia que hay en el país, al tiempo que llamó a discutir prolíficamente las iniciativas en un debate plural dentro del Senado.

Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, consideró a través de Twitter que fue razonable frenar la presentación de las nuevas leyes.

“Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales”, agregó.