Severa penalización por uso electoral de programas sociales

Las y los servidores públicos que utilicen los recursos para favorecer a candidatos, candidatas o partidos, tiene consecuencias como la destitución, inhabilitación hasta por 6 años, multas máximas de 400 unidades de medida y/o la prisión, para quien cometa esos actos o inclusive anular las votaciones, advirtió el Director de Blindaje Electoral de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Isaac Enrique San Román de la Torre la FEPADE.

En el marco de las actividades del Ciclo de Conferencias “Actualización Electoral 2018” que organiza el Instituto Electoral de Tamaulipas, realizada en el Auditorio “Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el funcionario de la FEPADE en la ponencia denominada “Delitos Electorales”, destacó que por todo ello, es de suma importancia que la ciudadanía conozca y en el servicio público se tome conciencia de las consecuencias de utilizar los recursos del erario para favorecer campañas o candidatos o candidatas en específico.

Refirió que hay seis conductas claves en los delitos cometidos por las y los servidores públicos y son: la Coacción a sus subordinados; condicionar los servicios o programas; destinar fondos, bienes o servicios; proporcionar apoyo; solicitar aportaciones a sus subordinados y/o negar información, las cuales tienen dichas consecuencias que se establecen en la normatividad vigente. 

Por ello, destacó la importancia de la denuncia, sobre todo si se considera que la ley no prohíbe que se sigan entregando apoyos a la ciudadanía.

También dijo que ningún ministerio público se puede negar a recibir alguna denuncia por delito electoral, tanto en el ámbito federal como en lo local, pues existe un acuerdo inter Procuradurías desde Julio del 2015, que los obliga a atender a la ciudadanía, independientemente si es su competencia o no.