Aprueban cambios constitucionales para invalidar elecciones con intervención extranjera
El Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Constitución local para establecer como causal de nulidad electoral, la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de una elección.
La iniciativa fue presentada por las diputadas y diputados de Morena y el representante del Partido del Trabajo, en armonización con la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Yuriria Iturbe Vázquez señaló que la medida busca fortalecer la protección de la voluntad ciudadana y la soberanía democrática, “la democracia debe sostenerse en la decisión libre de la ciudadanía expresada en las urnas, no en intereses ajenos a la Nación”, expresó.
La diputada Mercedes del Carmen Guién Vicente, señaló que la defensa de la soberanía y de las libertades “no son causas opuestas sino complementarias; una nación verdaderamente soberana, no solo protege sus fronteras y sus instituciones, sino también los derechos de los ciudadanos”.
María del Rosario González Flores, anticipó el voto en contra de Acción Nacional al señalar que querer retener el poder político bajo el cobijo se la soberanía, es un intento de hacer de México y Tamaulipas, una dictadura.
De Morena, Lucero Deosdady Martínez López, señaló que cualquier intento de intervenir desde el extranjero en las políticas de México, debe ser rechazado por todas las instituciones del estado mexicano.
La reforma incorpora esta nueva causal al sistema de nulidades electorales del Estado y actualiza las disposiciones aplicables a los procesos de elección de integrantes del Poder Judicial.
Durante la discusión, la diputada Lucero Deosdady Martínez López manifestó su respaldo a la propuesta y afirmó que “las decisiones públicas deben seguir correspondiendo únicamente a las y los tamaulipecos y a las y los mexicanos, a nadie más”, al destacar que la reforma fortalece la soberanía nacional y la integridad de los procesos electorales.
El decreto fue aprobado por mayoría del Pleno y remitido al Ejecutivo Estatal para los efectos constitucionales correspondientes.
